El estreno de UYARIY (que en quechua significa “escuchar”) no ha sido un evento cinematográfico cualquiera. La obra del reconocido director Javier Corcuera, que recoge los testimonios y las voces de las víctimas de la masacre de Juliaca ocurrida el 9 de enero de 2023, se ha topado con una barrera inesperada: las propias salas de cine que debían proyectarla.
- El análisis de los hechos: ¿Censura o gestión comercial?
Lo ocurrido el pasado 8 de enero ha sido calificado por la producción y diversos analistas como una “censura solapada”. Mientras que para otros estrenos las entradas se habilitan con antelación, en el caso de UYARIY, cadenas como Cineplanet, Cinemark, Cinépolis y VK reconfiguraron sus horarios a última hora.
Las denuncias señalan tres tácticas principales:
- Horarios inaccesibles: Funciones programadas en momentos de baja afluencia, como la 1:30 p.m. o 2:00 p.m., dificultando la asistencia del público.
- Retiro de cartelera: La película fue retirada sin previo aviso de las salas en el sur del país (Puno, Cusco, Arequipa), precisamente donde la expectativa era mayor.
- Falta de habilitación de ventas: A pocas horas del estreno, muchos complejos no permitían la compra de boletos ni mostraban programación en sus webs.
Desde una perspectiva crítica, no se puede argumentar una razón económica, ya que existe una necesidad y demanda real del público por ver el documental, y Javier Corcuera es un cineasta con una audiencia consolidada.
- El impacto en la reputación de las marcas de cine
Este incidente afecta directamente la imagen de marca de las cadenas involucradas. En un mercado donde la responsabilidad social y la libertad de expresión son valores cada vez más vigilados por el consumidor, el actuar de estas empresas las posiciona como entes que ceden ante presiones políticas o miedos ideológicos.
Al maltratar un producto cultural peruano de alta relevancia social, marcas como Cineplanet (del Grupo Intercorp) o Cinemark arriesgan su vínculo con un sector importante del país. La percepción ciudadana es que estas empresas prefieren alinearse con los grupos de poder antes que garantizar el derecho de los ciudadanos a la memoria y a la información. En el largo plazo, esto puede generar un rechazo o boicot en las regiones del sur, donde el sentimiento de injusticia está a flor de piel.
- La coyuntura: El terreno fértil para la censura
La censura de UYARIY no es un hecho aislado, sino que responde a una coyuntura política de impunidad. El análisis sugiere que existe un miedo por parte de los grupos económicos a que la película “encienda las llamas” del recuerdo y la indignación de cara a futuros procesos electorales.
Este silenciamiento ocurre en un contexto donde:
- Se ha desactivado el equipo fiscal (EFICAV) que investigaba las muertes en las protestas.
- Desde el Tribunal Constitucional, se emiten posturas que cuestionan la obligatoriedad de someterse a fueros internacionales en casos de crímenes de lesa humanidad.
- Persiste un patrón de estigmatización (“terroqueo”) contra quienes exigen justicia por los 49 peruanos asesinados en las protestas.
Conclusión y opinión
La censura, por más solapada que sea, busca borrar la memoria. Sin embargo, como bien se menciona en las denuncias, el intento de ocultar la película es en vano porque “el sur no olvida”. Al intentar callar a UYARIY, las cadenas de cine solo han logrado amplificar la curiosidad y la indignación de un país que aún busca respuestas por lo sucedido en Juliaca.
Intentar ocultar la verdad a través de la censura es como tratar de tapar el sol con un dedo: solo consigues que la sombra que proyectas sea más evidente para todos.
